Metodología

Este sistema analiza registros de contratación pública del SECOP. El catálogo público contiene 19 señales con casos registrados en la base disponible. Aquí explicamos qué mide cada regla, sus requisitos de datos y sus limitaciones.

Catálogo público: 19 señales en 8 grupos

Cada señal es una regla auditable con requisitos de datos y un umbral explícito. El peso indica su contribución al puntaje, no la probabilidad de corrupción. Tener casos registrados no significa que la regla haya sido validada de forma independiente; cada caso requiere revisión humana. Cada señal enlaza a su regla, sus casos y su historial.

18 de estas señales aportan peso al puntaje; el resto son marcadores informativos de contexto. Conteos del 2026-10-26.

Puntaje de riesgo

El puntaje de un contrato va de 0 a 100 y combina todas sus señales. Cada señal detectada aporta en proporción a dos cosas: su peso (qué tan grave es el indicio) y la confianza en esa detección. Las señales no se suman sin más: se combinan de forma probabilística, de modo que se acumulan pero el total nunca supera 100, y ninguna señal por sí sola determina el resultado. En la práctica, varios indicios moderados pueden pesar tanto como uno grave.

puntaje = 100 × (1 − ∏ (1 − peso_i × confianza_i ⁄ 100))

El cálculo utiliza únicamente señales activas. La contribución usa un mínimo técnico de confianza de 0,1 y un piso de 0,001 dentro de cada factor. Cuando existe el marcador activo «contratista es entidad pública», el resultado se multiplica por 0.4; un marcador descartado no reduce el puntaje. Estos ajustes se aplican de la misma manera en todos los contratos y no significan inmunidad frente a otras señales.

¿De dónde salen los pesos? Cada peso es un valor fijo asignado a cada señal según su gravedad, informado por la literatura pública de contratación abierta (Open Contracting Partnership) y los criterios de la Contraloría General. No se aprenden de una base de casos de corrupción confirmados, porque esa base no existe públicamente. Reflejan qué tan fuerte es cada patrón como indicio. Por eso hablamos de señales de riesgo, no de probabilidad de corrupción.

Cuatro niveles resumen la escala:

Confianza de cada señal

El porcentaje de confianza (0–100%) resume la coincidencia con una regla y la evidencia que esta utiliza. Es un valor heurístico: no es una probabilidad calibrada de corrupción ni una tasa de precisión validada. El peso, la confianza y el puntaje son criterios de priorización, no conclusiones jurídicas.

Filosofía de precisión

Preferimos no señalar antes que señalar mal. Los umbrales son decisiones metodológicas, no una garantía de precisión. Conservamos el razonamiento disponible y las correcciones en el historial de cada contrato. Un error en un detector impide guardar el lote como una evaluación completa; auditoría, cambios de señales y puntaje se guardan juntos o se revierten juntos.

Aplicación y correcciones

Las reglas vigentes tienen la versión 6a48c132. Los mismos criterios de datos, pesos y exclusiones se aplican sin importar quién contrata o quién consulta el resultado. Una exclusión debe responder al contexto documentado del contrato, no al nombre de una entidad o a una preferencia editorial.

Según una muestra del 1.0% del archivo (118.030 contratos), cerca del 48.6% de los contratos tiene su evaluación completa bajo la versión vigente; el resto conserva una evaluación anterior hasta que se reevalúe. Cada contrato muestra la versión con la que fue evaluado. Dato calculado el 2026-10-26.

En el historial de cada contrato se distinguen detectada, no detectada, no evaluada y descartada. «No detectada» significa que la evaluación registrada no activó esa regla; no significa que antes hubiera una alerta. «Descartada» conserva una detección anterior, su fecha y el motivo público de la corrección. Las señales descartadas o en revisión de datos no aportan al puntaje ni a los listados de señales activas.

Una regla sin decisión registrada o sin datos suficientes no certifica ausencia de riesgo. La fecha y la versión se muestran para distinguir análisis anteriores de la política vigente. Las correcciones puntuales no se presentan como una reevaluación completa. Las notas privadas de revisión no se publican; si el registro histórico no conserva un motivo público, lo indicamos sin inventarlo.

Algunos patrones de repetición se calculan sobre el conjunto de contratos analizado; no equivalen a una medición de todo el historial. Los indicadores que utilizan referencias históricas o de precios dependen de la cobertura y fecha de esos datos. Dos evaluaciones con distinta evidencia disponible no son necesariamente comparables.

Exclusiones generales actuales. El detector aparta registros con fecha de firma posterior a 2030 o con el mismo identificador para entidad y contratista. También aparta contratos clasificados como convenios con organismos internacionales a partir del nombre del contratista. Esta última clasificación es una heurística: el nombre no acredita por sí solo el régimen jurídico ni las condiciones de financiación de un convenio. Estas exclusiones limitan la cobertura de las señales; el gasto sigue visible y un puntaje bajo no las convierte en contratos verificados.

Qué no mide este sistema

El sistema no tiene acceso a la ejecución real de los contratos, a las comunicaciones entre las partes ni a los expedientes disciplinarios. No puede detectar corrupción que no deje rastro en los datos públicos, y puede señalar contratos perfectamente legítimos. La migración de SECOP I a SECOP II (2018–2021) cambia la cobertura entre años, por lo que las comparaciones históricas deben leerse con cautela. Toda señal requiere verificación humana antes de cualquier conclusión.

Fuentes de datos

• SECOP I y II vía datos.gov.co — la contratación pública registrada, actualizada a diario
• Contratos documentales — en régimen especial muchas entidades publican el contrato, la adjudicación y el acta de inicio como PDF dentro del proceso, sin crear un contrato electrónico. Leemos las referencias de documentos de SECOP II y los incorporamos como contratos, marcados como documentales: el valor es el presupuesto del proceso y la fecha es la de publicación del documento. Si después aparece el contrato electrónico, reemplaza al documental.
• Datasets de modificaciones contractuales — adiciones, prórrogas, cesiones y suspensiones
• Listas de sanciones OFAC — verificación de contratistas sancionados
• Registros de personas expuestas políticamente (PEP)
• SuperSociedades — estados financieros de contratistas

Base legal

El análisis se fundamenta en el marco normativo colombiano de contratación pública:

Correcciones y derecho de réplica

Si encuentras un error o representas a una entidad o empresa mencionada, puedes solicitar una corrección. Registramos y respondemos cada solicitud; si la señal proviene de un error en los datos de origen, la marcamos como disputada mientras se verifica.